Texto original de ElConfidencial.com
La operadora española ha acordado con el supervisor bursátil americano el pago de una multa de 85 millones de dólares
Telefónica conoció el pasado viernes por la noche la sanción de 85 millones de dólares (80 millones de euros) impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sobornar a funcionarios del Gobierno de Venezuela utilizando cuentas bancarias estadounidenses. Una operativa con divisas para tratar de esquivar la devaluación de la moneda local, cuyos pagos se encubrían después mediante la compra a proveedores chinos de material a un precio superior al real.
Se trata de la mayor sanción impuesta por las autoridades norteamericanas a una empresa cotizada española y ya ha tenido consecuencias organizativas. Según han confirmado fuentes próximas al caso, Telefónica ha destituido a Pedro Cortez, que era el consejero delegado de la filial venezolana cuando se produjeron los pagos de comisiones a miembros del Gobierno de Nicolás Maduro.
Cortez fue el primer ejecutivo de Telefónica Venezuela entre 2012 y 2018, momento en el que José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, lo promocionó a máximo responsable del negocio en Perú. En 2023, fue designado director de estrategia de Hispam, que engloba los negocios en México, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay.; El ejecutivo terminó su relación con Telefónica el pasado verano.
La operadora, participada por el Gobierno a través de la SEPI y por Criteria Caixa, ya sabía desde hace meses la magnitud del expediente sancionador. Como adelantó El Confidencial en exclusiva el 25 de marzo, Telefónica estaba negociando con la Justicia estadounidense el pago de una sanción de grandes proporciones. La clave era evitar un juicio que hubiera tenido peores consecuencias. Por ello, pactó con el Departamento de Justicia una serie de condiciones que incluían el despido de los máximos responsables de los sobornos.
El principal era Cortez como primer ejecutivo. En el momento de los sobornos, César Alierta era el presidente de Telefónica Álvarez-Pallete, el consejero delegado y Ángel Vilà, director de Finanzas Corporativas. Según fuentes conocedoras de la situación, una auditoría interna encargada por Telefónica, que años atrás desarrollo un estricto protocolo contra la corrupción, ha eximido de responsabilidades a Álvarez-Pallete y a Vilà, actual consejero delegado, ya que dichas ilegalidades se circunscribieron exclusivamente a la filial venezolana.
El primer ejecutivo de Telefónica en Latinoamérica en esos momentos era Eduardo Caride, un directivo argentino que a día de hoy es miembro del consejo asesor de Hispam, la holding que agrupa todas las filiales al otro lado del Atlántico, excepto Brasil. En abril del pasado año, cuando la investigación ya estaba muy avanzada, Telefónica prescindió de Rafael del Río, director de Riesgos y Control Interno. La medida se adoptó para fortalecer el gobierno corporativo, ante las sospechas de que la compañía había podido incurrir en potenciales irregularidades en contratos con proveedores, tras las que habría lanzado una investigación interna.
Este departamento, esencial en la lucha contra la corrupción, dependía del área de Auditoría y ahora de la Dirección General de Compliance. Fuentes próximas a Telefónica admiten el daño provocado por esta sanción, no solo por el importe, el mayor de la historia de una empresa española en EEUU, sino también por el castigo reputacional. Especialmente porque no es la primera vez que el grupo debe pactar una sanción con la Securities Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil de Estados Unidos. Aunque en esa ocasión, el importe fue muy inferior. Telefónica tuvo que pagar 4 millones de dólares por regalar entradas para el Mundial de Brasil de 2014 a funcionarios brasileños.
La multinacional española, que encargó la investigación interna a Pablo de Carvajal, secretario del consejo de administración, ayudado por Miguel Sánchez San Venancio, máximo responsable de Seguridad, se ha comprometido con las autoridades americanas a colaborar en cualquier pesquisa posterior y a cumplir a rajatabla con la normativa contra la corrupción y el blanqueo de capitales.
Telefónica declinó dar su versión sobre esta información.
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