El profesor Demetrio Marotta, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, presentó este dato en un artículo académico, en el cual advierte que en el país ha habido un subregistro de la proporción de trabajadores en esta situación, debido a la “inadecuada estimación estadística”

Ocho de cada 10 trabajadores en el país están en el sector informal, una cifra que se incrementó 74% durante los últimos cinco años. Así se desprende de los datos presentados por el profesor Demetrio Marotta, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, en un ensayo titulado La informalidad laboral en Venezuela: definiciones, medición y desafíos.

“En Venezuela, el nivel de informalidad laboral, entendida como la proporción de la fuerza de trabajo que no tiene acceso a la seguridad social, se ha incrementado drásticamente, pasando de 48,5% a 84,5% entre 2015 y 2020”, señala el economista en el artículo académico, publicado por el IIES como parte de la serie “Notas sobre la economía venezolana”.

El investigador precisa que su estimación se basa en el análisis de la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2021), a partir de la cuantificación de los trabajadores que no están amparados por la legislación laboral, es decir, los que “no aportan, ni individual ni con el empleador, al sistema de seguridad social”. Señala que este es el parámetro de medición que ha sido sugerido desde 2003 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para entender mejor este problema.

“El criterio que hoy prevalece en el análisis de la informalidad laboral abarca a todos los empleados que, independientemente de si trabajan en empresas formales (dentro del sector formal y la economía formal), no cuentan con las condiciones de un empleo fijo regular atendiendo a la normativa laboral. En consecuencia, en términos prácticos se abandonó la definición tradicional que calificaba el empleo utilizando criterios estáticos referidos a modalidades de trabajo y sectores específicos de actividad, con los cuales se excluían del análisis a muchos trabajadores que, en términos prácticos, desarrollan labores informales dadas la desprotección y las relaciones ilegales bajo las cuales se desempeñan”.

Para Marotta, las cifras de informalidad laboral en Venezuela pueden ser alarmantes, pero no sorprendentes. Explica que, en el último lustro, el mercado laboral ha enfrentado “cambios radicales”, debido a los “agudos problemas recesivos e inflacionarios” de una economía que ha reducido su tamaño en un 80%.

En ese sentido, refiere que, según los datos de la ENCOVI, entre 2014 y 2020 el porcentaje de trabajadores asalariados cayó de 62% a 46%; la cifra de ocupados por cuenta propia subió de 31 a 45%; la proporción de trabajadores en empleos vulnerables aumentó de 35% a 51% del total de ocupados y la nómina pública de empleados y obreros pasó de 36% a 24%. “Los ocupados sin contrato laboral o con simple acuerdo verbal, también aumentaron de un 47% en 2015 a 55% en 2018”, apunta el investigador, a la vez que señala que la proporción de trabajadores no calificados o en oficios elementales subió significativamente, “pasando de 9,7% en 2015 a 36% en 2020”.

Un fenómeno creciente y subestimado

En su ensayo, Demetrio Marotta apunta que la informalidad no es un asunto exclusivo de Venezuela. Aporta cifras del Fondo Monetario Internacional según las cuales 60% de la población empleada –es decir, más de 2.000 millones de personas- labora en este sector, principalmente en los países en vías de desarrollo. “Un tercio de la actividad económica mundial se realiza en la informalidad, 85% de los trabajadores informales están empleados de manera precaria en pequeñas empresas informales, mientras que solo 11% de los trabajadores informales están ocupados en empresas del sector formal”.

Sobre Venezuela, el experto advierte que las cifras de la informalidad laboral “han estado subestimadas”, como “consecuencia de la hoy inadecuada definición estadística aplicada por el INE” (Instituto Nacional de Estadística). El organismo incluye en esta categoría a “las personas de 15 años y más, que declararon que laboran en empresas con menos de cinco personas (incluido el patrón), servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia no profesionales (tales como vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros, buhoneros, etc.) y ayudantes familiares no remunerados y que trabajen 15 horas o más semanalmente”.

Aun así, apunta que las propias cifras del INE dan cuenta de que el fenómeno de la informalidad laboral se ha venido incrementando desde hace 40 años. “La tendencia de crecimiento de la tasa de ocupación informal comienza a inicios de la década de los 80 hasta el año 2005, período en el cual superó el 50% del empleo total entre 1999 y 2004. Posteriormente, comienza una senda de decrecimiento como consecuencia del boom de ingresos petroleros, de aumento del gasto público y del incremento en la contratación por parte del Estado, absorbiendo a buena parte de los ocupados informales. En 2015 el empleo en el sector informal alcanzó el 41% del total de ocupados según cifras del INE, el nivel relativo más bajo desde el año 1984”.

Marotta reconoce que se requiere “refinar el concepto de informalidad laboral a nivel local”, para determinar “suficientemente la realidad de los ocupados bajo modalidades distintas a los estándares de trabajo decente establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidades y de la OIT”. Lamenta que, desde 2014, el INE no publique datos oficiales sobre este tema y sugiere diseñar una “definición más ajustada” que pueda ser utilizada en las nuevas encuestas que miden el empleo y el desempleo, con el fin de “acotar mejor los valores reales de los ocupados sin protección”.

En cualquier caso, el también consultor empresarial deja claro que reducir la incidencia de la informalidad demanda un “cambio de modelo económico que incentive la inversión productiva”. “El diseño de políticas públicas en materia laboral, con base en un real dimensionamiento del problema de la informalidad laboral, a través de indicadores más precisos, permitiría afinar políticas laborales activas que reduzcan gradualmente el problema, aumenten el capital humano y promuevan la formalización de los trabajadores informales. Para ello es necesaria una reforma institucional y legal orientada a favorecer la flexibilización del mercado laboral sin desatender los derechos laborales constitucionales”, concluye.