Es posible que la aparición de propuestas de regulación para el mercado de criptomonedas en América Latina aporte tracción a este segmento que ya se encuentra en franco crecimiento. Entre julio de 2020 y junio de 2021, la región manejó más de US $ 352.8 mil millones en criptomonedas, aproximadamente el 9% del volumen global de transacciones en el mismo período, anunciado por el estudio “Global Crypto Adoption Index”, preparado el año pasado por Chainalysis. Con la aprobación de proyectos de regulación, los actores del mercado financiero pueden iniciar o fortalecer sus operaciones cripto, ya que el aparato regulatorio brindará más seguridad jurídica a los inversores. Con esto, las instituciones financieras tradicionales y las Fintech podrán facilitar el acceso de la población en general a las criptomonedas, llevando estos activos a una posición dominante en la región.

Según el estudio de Chainalysis, cuatro de los veinte países que más utilizaron criptomonedas en 2021 son de América Latina: Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil. En este período, la región obtuvo más de $653 millones en inversiones de capital de riesgo en compañías de criptomonedas y blockchain, un aumento de casi el 1,000% con respecto al año anterior, según lo declarado por la Asociación para la Inversión de Capital Privado en la región.

De acuerdo con Dan Cartolin, Ejecutivo de Cuenta para Norteamérica y América Latina en Chainalisys, es importante recordar, sin embargo, que estos países tienen perfiles económicos y políticos divergentes. El Salvador, por ejemplo, fue el primer país del mundo en utilizar bitcoin como moneda oficial. Por otro lado, Bolivia ha prohibido su uso y comercialización.

“Incluso en países con economías más complejas, el escenario no es homogéneo. Mientras el Banco Central de Argentina ha prohibido la oferta de servicios con criptomonedas por parte de las instituciones financieras, el Congreso brasileño analiza un proyecto que regula el uso y venta de activos digitales. Asimismo, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, reconoció que la necesidad de regular las criptomonedas ya ha sido planteada por autoridades en mercados desarrollados”, explica.

El especialista también refuerza que este sector ya opera y se desarrolla incluso sin regulación, pero con ciertas limitantes. En el caso de México, el Senado ha dado a conocer el interés que tiene dar un paso al frente y comenzar a regular las transacciones realizadas con monedas digitales. En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila ha mencionado que implementar un marco regulatorio es importante si consideramos que casi 67 millones de personas en nuestro país no pueden acceder al sistema bancario, y los activos digitales pueden ser una opción para garantizar la inclusión financiera dentro del país.

En México, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera publicada en 2018, regula parcialmente las criptomonedas. La conocida Ley Fintech requirió al Banco de México (Banxico) la publicación de una serie de regulaciones sobre los activos digitales en el sistema financiero mexicano. El organismo definió a estos activos como “una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par, y que es unívocamente identificable, incluso de manera fraccional, almacenada electrónicamente”, y dictaminó que las instituciones financieras pueden realizar operaciones con este tipo de activos para fines internos únicamente, lo anterior sujeto a previa autorización por parte del Banco.

Sin embargo, aunque existe interés, también es cierto que las principales instituciones financieras del país consideran que existen riesgos en la operatividad de los mismos. Entre las principales preocupaciones del Banco de México, está el hecho de que los activos digitales puedan ser usados para actividades ilícitas como el lavado de dinero o incluso para el combate al financiamiento, a la par que su uso dentro del público en general puede nublar la percepción de los riesgos y la incertidumbre que traen consigo.

En pocas palabras, las operaciones financieras con activos digitales atraviesan varios niveles regulatorios, como las leyes fiscales, monetarias y de consumo. La elaboración e implementación de estas propuestas regulatorias será compleja ya que requerirán cambios en la normativa vigente. Además, la baja bancarización en la región puede ser un desafío para el sector: según una encuesta de Bankingly, la penetración bancaria entre los latinos es de aproximadamente el 55%.

Por otro lado, el mercado se ha estado moviendo rápidamente, lo que ha llevado a las autoridades a reconocer la necesidad y las ventajas de la regulación. Los entornos regulados atraen más inversiones y emprendedores, lo que, según el experto de Chainalysis, se traducirá en un aumento en el número de empleos, en el acceso y desarrollo de productos innovadores y en el fortalecimiento de la seguridad institucional y jurídica.

“Es probable que la ya próspera y creciente criptoeconomía latina gane más tracción después de la regulación. El uso de criptomonedas en una economía descentralizada es una tendencia que se consolida cada vez más, y los países que prioricen los estándares regulatorios globales estarán mejor posicionados para convertirse en líderes de la industria”, concluyó Cartolin .