El 22 de abril comenzó la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) que incluye el bloqueo de los dispositivos móviles que no hayan sido previamente registrados en una “lista blanca”.

La medida es presentada como una forma de desincentivar el robo y la comercialización ilegal de celulares. En la experiencia internacional de la GSMA, asociación global de la industria móvil, está comprobado que este tipo de herramientas no son efectivas para reducir los hurtos y robos de dispositivos. Más aún, suman obligaciones y preocupaciones a los usuarios y funcionan como barreras a la adopción de servicios por parte de nuevos consumidores. 

La medida genera la expectativa de combatir el robo de celulares mediante la inutilización de los equipos no registrados en la “lista blanca”. Sin embargo, en la práctica, el bloqueo no elimina los incentivos para el robo dado que persiste la posibilidad de desarmar y vender las partes en el mercado negro. En Colombia, la “lista blanca” fue eliminada luego de que un análisis de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) concluyera que su implementación no había influido sobre los índices del delito. El estudio demostró que el impacto real no justificaba los costos monetarios y burocráticos de la operación. 

La implementación de una “lista blanca” complica la experiencia del usuario al imponerle trámites presenciales para comprar/vender celulares usados, apelar bloqueos en caso de ser víctimas de delitos —como una clonación de su equipo— o declarar celulares comprados en el exterior, por ejemplo.

Estas cargas afectan en mucho mayor proporción a los ciudadanos que viven lejos de centros urbanos, para quienes un bloqueo automático puede significar varios días sin servicio móvil. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impidió la implementación de una “lista blanca” por considerar que el bloqueo violaba los derechos del consumidor. En Ecuador, durante la pandemia se resolvió detener los bloqueos por considerarlos una barrera para el uso de servicios. 

La GSMA reconoce y comparte el objetivo del Gobierno Peruano de garantizar que los usuarios se sientan seguros al usar sus celulares. Con este fin, opera en nombre de la industria móvil el GSMA Device Registry al que los operadores reportan celulares robados u extraviados para ayudar a prevenir el crimen y el fraude de dispositivos móviles.

Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que no existe una medida que la industria pueda implementar en forma aislada para lograrlo. La lucha contra el robo de dispositivos requiere un abordaje integral por parte de operadores, fabricantes, regulador, usuarios y, sobre todo, los agentes de gobierno encargados de la seguridad nacional. La GSMA se pone a disposición para evaluar el costo-beneficio de esta medida y colaborar en soluciones basadas en la cooperación y la ejecución de responsabilidades de cada parte involucrada.